Ex trabajadores de SEGBA rechazan la privatización de Transener

Noticias Argentinas difundió la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión de la Argentina, generó un fuerte rechazo por parte de ex trabajadores de la ex SEGBA, quienes consideran que se trata de un activo estratégico para el desarrollo del país y para la soberanía energética nacional.

Fuentes oficiales estiman que la compañía tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares, aunque desde el sector de los ex empleados sostienen que la venta no se justifica ni desde el punto de vista financiero ni patrimonial.

Transener fue conformada a partir de los activos de las empresas estatales SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor, todas ellas compañías estratégicas del Estado que, según recordaron, fueron desguazadas y privatizadas durante la década de 1990 al amparo de las leyes 23.696 y 24.065 impulsadas durante el menemismo.

Ese proceso de privatización, señalaron, entregó el control de sectores clave a intereses privados y provocó un daño económico y social profundo que, aseguran, todavía persiste. Así lo advirtieron Jorge Galati y Fernando Cardozo, ex empleados de SEGBA, en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los ex trabajadores también alertaron que el Estado argentino mantiene una deuda histórica con quienes formaron parte de esas empresas privatizadas, debido al incumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP), que debía garantizar una participación accionaria para los empleados. En ese sentido, cuestionaron que, en lugar de avanzar en una reparación de esa deuda, el actual Gobierno pretenda desprenderse de los últimos activos estratégicos que aún forman parte del patrimonio nacional.

Además, remarcaron que Transener es una empresa altamente rentable, generadora de ingresos tanto para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como para el Estado nacional, por lo que la decisión de vender sus acciones, anunciada en vísperas de Navidad, carece de sustento económico.

Según expresaron, desprenderse de la participación estatal implica renunciar al control de una infraestructura crítica para el desarrollo del país y supone, en consecuencia, una pérdida de soberanía nacional sobre decisiones estratégicas en materia energética.

Finalmente, el Colectivo de ex trabajadores y trabajadoras de SEGBA llamó a proteger el patrimonio nacional y advirtió sobre el riesgo de repetir las experiencias de privatización de la década de 1990, a las que calificaron como una estafa para el país.